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Ley de Inteligencia Artificial: qué obliga ya a tu empresa (2026)

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Equipo QuadreliaConsultoría de procesos, datos e IA
12 min

La Ley de IA ya obliga a formar al personal y prohíbe ciertos usos. El alto riesgo se retrasa a 2027 y 2028. Qué te toca si tu empresa usa IA y un plan en cinco pasos.

Respuesta corta: la Ley de Inteligencia Artificial europea, el Reglamento (UE) 2024/1689, ya obliga a cualquier empresa que use IA en su actividad profesional. Desde el 2 de febrero de 2025 están prohibidas ciertas prácticas y hay que formar al personal que trabaja con IA. Desde el 2 de agosto de 2026 se aplican las obligaciones de transparencia. Las obligaciones de los sistemas de alto riesgo se han retrasado con el Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus digital sobre IA), publicado en el Diario Oficial de la UE el 24 de julio de 2026: pasan al 2 de diciembre de 2027 y al 2 de agosto de 2028, según el tipo de sistema.

Este artículo está escrito para dirección, no para juristas. Ordena qué te afecta si tu empresa usa IA (no si la fabrica) y propone un plan en cinco pasos. No es asesoramiento jurídico. La interpretación de tu caso concreto corresponde a tu asesor legal; nosotros trabajamos la parte de procesos: qué herramientas se usan, para qué, con qué datos y con qué control.

¿Qué es la Ley de IA europea y a quién afecta?

Es un reglamento de la Unión Europea. Eso significa que se aplica directamente en España, sin necesidad de una ley nacional que lo trasponga. Entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y se va aplicando por fases. En la calle se le llama de muchas formas: Ley de IA, AI Act, Reglamento de IA o RIA. Es la misma norma.

Su lógica es sencilla: cuanto mayor es el riesgo de un uso de la IA para la salud, la seguridad o los derechos de las personas, más obligaciones. Por eso no regula «la IA» en abstracto, sino usos concretos. Hay cuatro escalones:

¿A quién afecta? A quien desarrolla sistemas de IA (proveedores) y a quien los usa en su actividad profesional (responsables del despliegue), además de importadores y distribuidores. La propia norma excluye el uso puramente personal y no profesional (artículo 2.10). Si en tu empresa alguien usa un asistente de IA para trabajar, tu empresa está dentro.

¿Qué calendario aplica tras el Ómnibus digital?

El calendario original fijaba casi todo para el 2 de agosto de 2026. El Ómnibus digital sobre IA, firmado el 8 de julio de 2026 y publicado en el DOUE el 24 de julio, ha movido varias fechas. Entró en vigor a los tres días de su publicación. Este es el calendario vigente a 15 de octubre de 2026, según el texto del Reglamento (UE) 2024/1689 y su modificación por el Reglamento (UE) 2026/1744:

FechaQué empieza a aplicarseQué significa para una empresa usuaria
2 de febrero de 2025Capítulos I y II: definiciones, alfabetización en IA (artículo 4) y prácticas prohibidas (artículo 5)No usar IA para prácticas prohibidas y tomar medidas de formación del personal
2 de agosto de 2025Modelos de IA de uso general, gobernanza y régimen sancionadorAfecta sobre todo a los fabricantes de modelos; el régimen de sanciones queda activo
2 de agosto de 2026Aplicación general, incluidas las obligaciones de transparencia (artículo 50)Comprobar que tus chatbots avisan de que son IA (obligación del proveedor) e informar de ultrasuplantaciones y de ciertos textos publicados
2 de diciembre de 2026Nuevas prohibiciones del Ómnibus (imágenes íntimas sin consentimiento y material de abuso sexual infantil) y plazo de marcado para generadores ya comercializados antes del 2 de agosto de 2026Revisar que ninguna herramienta en uso permite esos contenidos
2 de diciembre de 2027Sistemas de alto riesgo del anexo III (empleo, crédito, educación, etc.)Obligaciones del artículo 26 si usas alguno de estos sistemas
2 de agosto de 2028Sistemas de alto riesgo del anexo I (IA integrada en productos ya regulados, como productos sanitarios, juguetes o ascensores)Relevante sobre todo para fabricantes industriales

Lo importante para dirección: el retraso afecta al alto riesgo, no a lo demás. La formación del personal y las prohibiciones ya se aplican, y la transparencia también. Si alguien en tu empresa ha entendido que «la Ley de IA se ha aplazado», ha entendido la mitad.

¿Qué obliga ya? Prácticas prohibidas y formación del personal

Dos obligaciones están en vigor desde febrero de 2025 y afectan a cualquier empresa usuaria, sea cual sea su tamaño.

Prácticas prohibidas

El artículo 5 prohíbe, entre otros, usar sistemas de IA que manipulen de forma subliminal o engañosa con perjuicio para las personas, que exploten vulnerabilidades por edad, discapacidad o situación social o económica, o que hagan puntuación social. Desde el 2 de diciembre de 2026 se suman dos prohibiciones nuevas: generar o manipular imágenes, vídeos o audios íntimos de una persona identificable sin su consentimiento explícito, y generar material de abuso sexual infantil.

Para una pyme que usa asistentes de redacción o de análisis, lo normal es no rozar ninguna. El riesgo real está en campañas comerciales muy agresivas o en usos que nadie ha revisado. Por eso conviene saber qué se usa antes de afirmar que no pasa nada.

Alfabetización en IA (artículo 4)

El Ómnibus ha reescrito este artículo. La redacción vigente dice que proveedores y responsables del despliegue «adoptarán medidas para apoyar la promoción de la alfabetización en materia de IA» de su personal, teniendo en cuenta sus conocimientos, su experiencia y el contexto de uso. Y añade que la obligación no exige garantizar un nivel específico de alfabetización de ninguna persona concreta.

Traducido: no hace falta un título ni un examen, pero sí poder demostrar que has tomado medidas razonables. Formación práctica por perfiles, una política de uso que la gente conozca y algún registro de que se ha hecho. La Comisión mantiene unas preguntas y respuestas sobre alfabetización en IA que ayudan a dimensionarlo, y el propio artículo prevé que publique ejemplos prácticos de cómo cumplirlo, con especial apoyo a las pymes.

¿Tu empresa es proveedora o responsable del despliegue?

Es la pregunta que más cambia el alcance. El reglamento define al responsable del despliegue como la persona o entidad que utiliza un sistema de IA bajo su propia autoridad en una actividad profesional (artículo 3.4). El proveedor es quien lo desarrolla y lo pone en el mercado con su nombre.

ProveedorResponsable del despliegue
Quién esQuien desarrolla el sistema y lo comercializa o pone en servicio con su nombre o marcaQuien lo usa en su actividad profesional
Ejemplo típicoEl fabricante de un software de selección de personal con IALa empresa que usa ese software para filtrar candidaturas
Obligaciones principales en alto riesgoGestión de riesgos, documentación técnica, evaluación de la conformidad, marcado CE (artículo 16)Usarlo según instrucciones, supervisión humana competente, datos de entrada pertinentes, vigilancia y conservación de registros (artículo 26)
TransparenciaDiseñar el sistema para que avise de que es una IA y marcar el contenido sintéticoInformar de ultrasuplantaciones y de ciertos textos publicados; informar a las personas expuestas a reconocimiento de emociones o categorización biométrica

La mayoría de pymes son responsables del despliegue. Pero ojo con una trampa del artículo 25: te conviertes en proveedor de un sistema de alto riesgo si le pones tu nombre o marca, si lo modificas de forma sustancial o si cambias su finalidad de manera que pase a ser de alto riesgo. Un ejemplo ilustrativo: una empresa configura un asistente genérico para puntuar a candidatos y lo ofrece con su marca a otras empresas del grupo. Ya no es solo usuaria.

El reglamento no pregunta qué herramienta usas. Pregunta para qué la usas y quién decide con su resultado.

¿Cómo saber si usas un sistema de alto riesgo?

El anexo III enumera los ámbitos. Los que más aparecen en una empresa privada son estos:

Hay una salida importante. El artículo 6.3 dice que un sistema del anexo III no se considera de alto riesgo si no plantea un riesgo importante y, por ejemplo, solo realiza una tarea de procedimiento limitada, mejora el resultado de una actividad humana ya hecha o prepara una evaluación que luego hace una persona. Con una excepción tajante: si el sistema elabora perfiles de personas, siempre es de alto riesgo.

En la práctica, la pregunta de dirección no es jurídica sino de proceso: ¿en qué punto del proceso entra la IA y quién toma la decisión final? Si la IA ordena candidaturas y una persona las revisa todas con criterio propio, el análisis es uno. Si la IA descarta candidaturas y nadie mira las descartadas, es otro. Esa frontera se dibuja en el mapa del proceso, y es lo que tu asesor legal necesita para darte una respuesta fiable.

Si usas un sistema de alto riesgo como responsable del despliegue, desde el 2 de diciembre de 2027 tendrás, entre otras, estas obligaciones del artículo 26: usarlo según las instrucciones del proveedor, encargar la supervisión humana a personas con competencia, formación y autoridad, vigilar su funcionamiento, conservar los registros automáticos que estén bajo tu control durante al menos seis meses y, si eres empleador y lo usas en el lugar de trabajo, informar antes a los representantes de los trabajadores y a los afectados.

¿Qué exige la transparencia con el contenido generado por IA?

El artículo 50 se aplica desde el 2 de agosto de 2026 y reparte las obligaciones así:

Para una pyme, la consecuencia práctica suele ser doble. Si tienes un asistente que atiende a clientes, comprueba que avisa de que es una IA (aunque la obligación de diseño sea del proveedor, el cliente lo percibe como tuyo). Y si generas imágenes o vídeos con personas reales, define quién revisa y cómo se etiqueta antes de publicar.

¿Dónde se cruzan la Ley de IA y el RGPD?

El propio reglamento de IA dice que, salvo dos excepciones acotadas (sus artículos 4 bis y 59), no afecta al Reglamento General de Protección de Datos: los dos se aplican a la vez. En una pyme, el cruce aparece en tres sitios:

  1. Qué datos se meten en la herramienta. Pegar datos personales de clientes o empleados en una herramienta no aprobada es un problema de RGPD antes que de Ley de IA.
  2. Decisiones automatizadas. El artículo 22 del RGPD ya limitaba las decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado con efectos significativos sobre una persona. La Ley de IA añade capas cuando el sistema es de alto riesgo.
  3. Proveedores y transferencias. Dónde se procesan los datos, con qué contrato y con qué garantías.

La Agencia Española de Protección de Datos publica guías que conviene tener a mano. Lo útil es tratar ambas normas en un mismo inventario: cada uso de IA con sus datos, su base y su control.

Plan en cinco pasos para una pyme

Cumplir la Ley de IA no empieza por un documento jurídico. Empieza por saber qué pasa en tu empresa. Este es el orden que proponemos, coordinado con tu asesor legal:

  1. Inventario de usos. Qué herramientas de IA se usan, quién, para qué tarea y con qué datos. Incluye las que se usan por cuenta propia, que suelen ser la mayoría. Sin inventario, todo lo demás es opinión.
  2. Clasificación. Para cada uso: ¿es una práctica prohibida?, ¿encaja en el anexo III?, ¿tiene obligaciones de transparencia?, ¿o es un uso sin requisitos específicos? Aquí entra el asesor legal con los casos dudosos, y llega con el proceso ya dibujado.
  3. Política de uso. Reglas cortas: qué se puede hacer, qué necesita revisión humana y qué no se permite. Qué datos pueden entrar en cada herramienta. Quién aprueba una herramienta nueva.
  4. Formación por perfiles. No es lo mismo quien redacta propuestas que quien revisa candidaturas. Formación práctica, ligada a la política, con registro de quién la ha recibido. Es la forma razonable de cumplir el artículo 4.
  5. Registro y revisión. Un responsable, una revisión periódica del inventario y un canal para dar de alta usos nuevos. La IA que usa tu empresa cambia cada pocos meses; el registro también.

Un ejemplo ilustrativo: una empresa de servicios descubre en el inventario que tres áreas usan asistentes distintos, uno de ellos con datos de clientes en una cuenta personal. Ninguno es de alto riesgo, pero el problema de datos es inmediato. La política de uso lo resuelve antes de que sea un incidente. Así es como suele aparecer el valor: no en el artículo 6, sino en lo cotidiano.

Este trabajo encaja en lo que hacemos en gobernanza de la IA: inventario, clasificación de usos por riesgo, política y formación. Y si después quieres que la IA aporte de verdad en procesos concretos, eso es IA aplicada, con casos de uso elegidos por impacto y con control. Cuando el uso de IA forma parte de un flujo que se quiere automatizar, lo vemos dentro de automatización e integraciones.

¿Qué sanciones hay y quién supervisa en España?

El artículo 99 fija los máximos de las multas administrativas:

Para pymes y empresas emergentes, cada multa tiene como tope la menor de las dos cantidades (importe o porcentaje), y el Ómnibus extiende ese criterio a las pequeñas empresas de mediana capitalización, salvo en las multas por prácticas prohibidas. Son máximos: la cuantía concreta depende de la gravedad, la duración y las circunstancias.

En España, la autoridad de referencia es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña y estatuto aprobado por el Real Decreto 729/2023. El régimen nacional de sanciones y el reparto de competencias entre autoridades se regulan en el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que el Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 y remitió a las Cortes. A la fecha de este artículo no nos consta su publicación en el BOE: confírmalo con tu asesor antes de tomar decisiones que dependan de él.

La conclusión para dirección es simple. Las multas grandes son para usos graves. Lo que de verdad expone a una pyme es no saber qué IA se usa, con qué datos y quién la controla. Eso se arregla con proceso, no con miedo. En un despacho de servicios profesionales o en una fábrica, el primer paso es el mismo: mirar cómo se trabaja hoy.

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¿La Ley de IA se ha aplazado?

Solo en parte. El Reglamento (UE) 2026/1744, el Ómnibus digital sobre IA publicado en el DOUE el 24 de julio de 2026, retrasa las obligaciones de los sistemas de alto riesgo al 2 de diciembre de 2027 (anexo III) y al 2 de agosto de 2028 (anexo I). Pero las prácticas prohibidas y la alfabetización del personal se aplican desde el 2 de febrero de 2025, y las obligaciones de transparencia desde el 2 de agosto de 2026. Una empresa que usa IA ya tiene deberes hoy, aunque no use ningún sistema de alto riesgo.

¿Qué tiene que hacer una pyme que solo usa asistentes de IA para redactar o resumir?

Lo básico es lo que exige el artículo 4: tomar medidas para que el personal que usa IA tenga la formación adecuada a su tarea. Tras el Ómnibus, no se exige garantizar un nivel concreto, pero sí poder demostrar medidas razonables. En la práctica: saber qué herramientas se usan, una política de uso corta con qué datos pueden entrar, formación por perfiles y un responsable. A eso se suma el RGPD si se tratan datos personales. Para casos dudosos, consulta a tu asesor legal.

¿Cómo sé si un uso de IA es de alto riesgo?

Mira el anexo III del Reglamento (UE) 2024/1689. En una empresa privada, los casos más habituales son la selección y evaluación de personal, las decisiones sobre trabajadores, la evaluación de la solvencia de particulares y la fijación de precios en seguros de vida y salud. El artículo 6.3 excluye algunos usos que solo hacen tareas limitadas o preparatorias, salvo que elaboren perfiles de personas. La respuesta depende de en qué punto del proceso entra la IA y quién decide al final, y la confirma tu asesor legal.

¿Quién supervisa la Ley de IA en España y cuánto pueden ser las multas?

La autoridad de referencia es la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. El reglamento fija máximos de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial por prácticas prohibidas, y hasta 15 millones o el 3 % por otras obligaciones, con el menor de los dos como tope para pymes. El régimen nacional está en el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA, aprobado por el Gobierno el 26 de mayo de 2026 y en tramitación en las Cortes.

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